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El envejecimiento en Colombia: una construcción social
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EL ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
1970 – 2000
LUZ DARY SALAZAR ÁLVAREZ.
RESUMEN
Colombia avanza hacia una sociedad en la que la población vieja cobrará mucha importancia en las próximas tres décadas, desafortunadamente el país envejece en un contexto social marcado por las desigualdades sociales. La pobreza, la indigencia, el desempleo, la baja cobertura en seguridad social, la inseguridad, son manifestaciones de la inequidad social que vive la población colombiana, pero éstas se agudizan en los adultos mayores dada la vulnerabilidad social a que están expuestos, debido a las características sociales que los identifica. Aunque la situación de este colectivo no puede reflejar los viejos del futuro, si da pautas para que la población se prepare y el país reorganice sus estructuras políticas, sociales y económicas para que responda a los desafíos que plantea el envejecimiento demográfico en el siglo XXI. Este proceso será posible si se conocen los fenómenos que están configurando la construcción social del envejecimiento en Colombia.
Esta investigación tiene como objetivo general analizar la construcción social de la vejez y del envejecimiento en Colombia desde la década de los setenta al dos mil, a partir del contexto social, la dinámica demográfica, las características sociales de la población vieja y las políticas sobre envejecimiento. A través de cuatro objetivos específicos se analiza: primero, en el contexto social los modelos económicos, la violencia social, la política del café y la crisis cafetera, dado que son los factores que más han contribuido a desestabilizar el país socialmente. Segundo, las transformaciones demográficas que se dan en Colombia desde la década de los setenta y los fenómenos sociales que han dotado de significado al envejecimiento demográfico. Tercero, las características de los adultos mayores en Colombia a partir de las variables demográficas: edad, género, estado civil, educación; variables de fuerza laboral: empleo, ingresos, desempleo, ocupación e inactividad económica, y variables relacionadas con la protección social; y cuarto, las políticas de seguridad social, de envejecimiento y de atención a la población vieja en Colombia.
La tesis se enmarca en el período 1970–2000, porque a partir de la década de los setenta se da inicio a la configuración social de la vejez en Colombia. Con los datos del censo de 1973 el país es consciente del cambio en la estructura de edad de la población, proceso que se origina entre otros, por las campañas agresivas de control natal que promueven tanto los organismos oficiales como privados para contener la expansión demográfica que se da en las primeras décadas del siglo XX y que tienen como consecuencia bajas tasas de natalidad en el país. En los setenta por iniciativa de algunos profesionales y sectores de la sociedad civil, sensibilizados en los temas relacionados con la vejez, se funda en 1973 la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología; en 1974 se crea la Asociación Nacional de Instituciones Privadas de Asistencia al Anciano (PRÓVIDA); en 1976 nace el Centro de Psicología Gerontológica (CEPSIGER). En 1975, con la Ley 29, el Estado institucionaliza la atención a la población vieja en Colombia. Igualmente, el interés por estos fenómenos sociales se refleja en el ámbito universitario, apareciendo en la década de los ochenta los primeros programas académicos de pregrado y posteriormente los de postgrado que profesionalizan el papel del Gerontólogo en la sociedad.
La población objeto de estudio, es el colectivo de adultos mayores. La edad no se contempla de manera homogénea, ya que los datos disponibles no son coincidentes en los límites de edad para los diferentes aspectos que se estudian en la tesis. Por un lado, la parte de la tesis sobre políticas, sistemas de seguridad social contempla la población adulta mayor a partir de los 50 años, ya que en algunos de los regímenes existentes antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 sobre el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, la población accede a la pensión a los 50 años de edad; con la Ley del 1993, las mujeres se jubilan a partir de los 55 y los hombres a los 60. Por otro lado, el capítulo demográfico, aparece con otros límites de edad (60 años), ya que es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) quien establece estos límites para definir la estructura de edad de la población en Colombia.
Se parte de la hipótesis general que la construcción social de la vejez en Colombia se ha configurado a partir de una definición de exclusión social de las personas de edad, fenómeno que se asocia a la no construcción del viejo como sujeto de acción social. En la segunda hipótesis se plantea que la población vieja en Colombia ha sido permanentemente excluida de la política social. La tercera hipótesis hace relación a que las políticas de seguridad social y de atención a la población vieja son excluyentes, más que complementarias, dado que han marginado sistemáticamente a dicha población. La última hipótesis es que el Estado tiene una visión fraccionada del colectivo de personas mayores en Colombia, porque sólo contempla a un pequeño grupo de este colectivo, como son los que se encuentran en estado marginal, reproduciendo un modelo deficitario, basado en las carencias y en las debilidades sociales de un sector de las personas de edad.
Toda la información y los datos analizados en esta tesis se basan en fuentes secundarias. La información estadística de la investigación proviene de la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); de la Unidad de Planeación y Actuaría del Instituto de los Seguros Sociales, del año 2002, cuyas estadísticas se basan en los Informes de Coyuntura de la Superintendencia Bancaria; de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos y Cesantías (ASOFONDOS); y de la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Salud.
El análisis de la construcción social del envejecimiento en Colombia parte de los planteamientos de Berger y Luckmann (1991) quienes centran la argumentación de su teoría en la sociedad como realidad objetiva y la sociedad como realidad subjetiva. En esta construcción de la realidad social se analizan los tres momentos que los autores plantean, como son: la externalización, la objetivación y la internalización. La realidad objetiva de la vejez se analiza a través de la dinámica demográfica, el perfil sociológico del colectivo de adultos mayores y las políticas de seguridad social y de atención a la población vieja en el país, factores que han externalizado y objetivado esta realidad social. La realidad subjetiva, se analiza a partir del lenguaje que los medios de comunicación utilizan para hacer referencia a los fenómenos relacionados con el envejecimiento y la vejez, ya que como lo señalan los autores, es el medio socializador por excelencia y el vínculo principal del proceso en el que la realidad objetiva se traduce fácilmente en realidad subjetiva.
La exclusión social de la población vieja en Colombia se analiza a partir de los planteamientos de Luis Arley Castiblanco y Miguel Alfonso Gordo (2002), quienes con base en Hann de Arjan, señalan que la exclusión es un fenómeno multidimensional, que expresa la situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la negación o inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de un conjunto de la población y que el Estado, como garante de los derechos básicos de la sociedad, es inoperante, y esta inoperancia se refleja en la fractura de la cohesión social, como un factor crítico de la democracia y como un límite al desarrollo de la ciudadanía. Como resultado de este proceso de exclusión, un grupo importante de ciudadanos es incapaz de protagonizar y participar activamente en las instituciones sociales, al encontrarse apartados de actividades económicas, políticas y sociales.
Para los autores, la exclusión nace de la acumulación de desventajas que conducen a la privación de diferentes aspectos de la vida en sociedad: desventajas en cuanto a la ley, a las instituciones públicas y al acceso a la riqueza del país. Planteamiento que coincide con el del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (2004) que define la exclusión social como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, y al sistema de justicia.
Castiblanco y Gordo (2002) plantean varias aproximaciones al concepto de exclusión social, de las cuales se desprenden tres orientaciones: la primera, como una problemática social de acceso a bienes, servicios y procesos políticos; la segunda, como una problemática ciudadana, por la supeditación y anteposición de los derechos de los individuos; y, la tercera, como una problemática de realización de los individuos, que se consideran que son y están en la sociedad. Estas tres aproximaciones conducen a la exclusión social como un fenómeno multidimensional, que abarca instancias económicas, políticas y sociales, lo que en la práctica significa la marginación de los individuos, tanto de los derechos como de la participación en los mercados. Con base en ello, establecen la medición de la exclusión social a través de las dimensiones económica, de capital humano, de capital social, de política y derechos civiles, y de exclusión física que, en conjunto, presentan el fenómeno que integra la realidad de la sociedad que permite identificar la naturaleza de la exclusión para conocer las características de la población excluida.
Desde el contexto social se argumenta que Colombia vive un deterioro progresivo de las condiciones de vida, como consecuencia de la implementación del modelo de apertura neoliberal, que reemplaza al modelo económico de sustitución de importaciones (proteccionista), sin que el país esté preparado para una apertura de mercados. Este deterioro de las condiciones de vida de la población en Colombia se debe a que al debilitarse los sectores estratégicos de la economía de la región, se debilitan igualmente, otros sectores de la dinámica social del país. Las crisis se manifiesta a través de varios fenómenos: disminución significativa en los niveles de empleo; contracciones en las tasas de ganancias que pretenden lograr los empresarios y bajos niveles de productividad. Fenómenos que sumados a la violencia social que vive el país desde la década de los cincuenta limitan la inversión social y por ende el desarrollo humano, debido a los costos sociales y económicos de la guerra. La política cafetera ha contribuido a desestabilizar económicamente el país provocando una crisis social, teniendo como consecuencia el desplazamiento de la población de la zona rural hacia la zona urbana. En este contexto, las personas de más edad de origen rural resultan ser las más desfavorecidas al no encontrar ubicación espacial ni económica en su nuevo medio social.
El colectivo de viejos en Colombia presenta unas características sociales que no lo favorece en el ámbito nacional, como resultado de la acumulación de desventajas a que ha estado sometido. La mayoría de los adultos mayores presenta bajos niveles de escolaridad; baja cobertura en seguridad social; en su mayoría son inactivos económicamente y los ocupados dependen de la economía informal, donde sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual y no están protegidos por la seguridad social (DANE: ENH 1996-1999). Esta situación se puede explicar, entre otras razones, porque el contexto social de Colombia, en las primeras décadas del siglo XX, se caracteriza por ser un país predominantemente agrícola, con un bajo nivel educativo y escaso acceso a los servicios sociales. El actual contexto social tampoco les ofrece garantías y su situación empeora en vez de mejorar. Los viejos no son actores sociales de la dinámica social del país y las políticas de seguridad social y de atención a la población vieja los excluye, al poner su énfasis en los otros grupos de edad y no repartir equitativamente las garantías sociales. En este contexto social de exclusión, la población vieja es más vulnerable e insegura, ya que no se le proporcionan los mecanismos para adaptarse a los valores y exigencias de la sociedad moderna; y lo peor de todo, los problemas de los viejos no son visibles frente a los estamentos que toman las decisiones sobre política social en el país.
Partiendo de la primera aproximación al concepto de exclusión económica de Castiblanco y Gordo (2002), referida a la incapacidad de los individuos para generar ingresos suficientes que cubran las necesidades sociales consideradas indispensables, se define a la población vieja como excluida socialmente, debido a la carencia, insuficiencia e irregularidad en los ingresos. La tasa de participación global de los mayores de 50 años, con relación a la población total, es sólo de un 7,05% para los hombres y de un 2,29% para las mujeres; es decir, la mayoría de la población vieja en el país es inactiva económicamente. La población mayor económicamente activa, deriva sus ingresos básicamente de la economía informal, esta es una constante en la ocupación de los vinculados laboralmente (empleados del servicio doméstico; trabajadores familiares sin remuneración; trabajadores por cuenta propia) que se caracteriza por no tener un carácter contractual y por la desprotección social. Más de la mitad de la población de 50 años y más que trabajan incluidos hombres y mujeres, son trabajadores por cuenta propia, y en el resto del colectivo, las diferencias son notables entre géneros, pues existe un patrón diferenciado entre las actividades que realizan. La principal actividad laboral de los varones se centra en el sector agrícola, donde dos de cada cinco hombres trabajan en este campo. Más de dos tercios de las mujeres se concentran en dos ramas de actividad, el comercio y los servicios. La construcción y el transporte son prácticamente masculinas. Es casi nula la presencia de varones ocupados en el servicio doméstico y como trabajadores familiares sin remuneración. Los ingresos, para la mayoría de la población económicamente activa, oscilan entre uno y dos salarios mínimos. Mientras los porcentajes de población con ingresos entre uno y dos salarios mínimos se incrementan, los porcentajes de la población mayor con ingresos de más de dos salarios mínimos, disminuyen para ambos géneros; pero la situación se hace más notoria en el caso de las mujeres (DANE: ENH 1996-1999). En términos generales los ingresos descienden y la población vieja se empobrece cada día en un ambiente de desempleo y desprotección social en el contexto nacional.
La exclusión de las políticas de seguridad social de la población vieja en el país se da desde que se inicia el Seguro Social en Colombia en 1946, con la ley 90. Este seguro abarca tres sectores: la industria, el comercio y los servicios, excluyendo a los trabajadores agrícolas en un momento histórico en el cual un 70% de la población del país es rural. Actualmente, ese mismo porcentaje de la población es urbana y mucha población vieja de hoy conforma el contingente de trabajadores rurales de la década de los cincuenta, los sesenta y los setenta. Es muy bajo el porcentaje de personas que tienen algún tipo de pensión, en el año 2000, cerca del 22% de los mayores de 60 años cuentan con una pensión en una de las tres modalidades, vejez, invalidez y sobrevivencia (Uribe Mallarino: 2002). La Ley 100 de 1993, sobre Seguridad Social Integral, establece unas garantías mínimas para los jubilados del futuro; pero, la fuerza laboral del pasado está fuera del contexto de la ley y no tiene cómo enfrentar su presente. Lo que realmente refleja esta política es una clara discriminación y exclusión por edad, significando con ello, que el contexto político y social está determinado por un desencuentro entre edad y política de seguridad social.
La política sobre vejez en Colombia no ha evolucionado desde la Ley 29 de 1975, en la que se establece por primera vez en el país la protección a la población vieja. Con el tiempo se ha ampliado la cobertura y también se han ampliado unos servicios, pero su enfoque sigue siendo asistencialista y, a través de su historia, el foco de interés siguen siendo los más desfavorecidos socialmente. Y la gran masa de viejos que no piden limosna, que no viven de la caridad pública, viven de sus familias, en las que en conjunto sus miembros devengan máximo entre uno y dos salarios mínimos.
Con base en los conceptos sobre exclusión de Castiblanco y Gordo (2002) y del Banco Interamericano de Desarrollo (2004), se deduce que el colectivo de viejos en Colombia vive una escasez crónica de oportunidades, de acceso a los servicios básicos de calidad y al mercado laboral, ya que del análisis del contexto social y políticas de seguridad social y de atención a la población vieja, se concluye que la mayoría de personas del colectivo de viejos en Colombia han estado excluidas socialmente. La construcción social se hace desde un discurso político sesgado, ya que sólo cubre a un mínimo sector de este grupo poblacional, como son los ancianos indigentes. Es decir, el Estado se vuelve discriminatorio, por un lado, sólo favorece a los más desfavorecidos y, por otro, limita y restringe posibilidades a la mayoría de la población vieja en Colombia. La realidad social del envejecimiento se vuelve objetiva desde las carencias y debilidades y no se construye desde las fortalezas, las posibilidades y las competencias del colectivo de viejos.
Considerados los tres tipos de exclusión económica que señalan los autores citados, la población vieja está incluida así: en la primera, que es la originada en la desigualdad de ingresos; en la segunda, que es la exclusión del mercado de trabajo que impide obtener ingresos regulares, y en la tercera, que es la exclusión de activos que impide el libre desarrollo económico de los individuos. En cuanto al género, las mujeres en Colombia experimentan diferencias con respecto al hombre, en su etapa de la vejez. En el contexto nacional, numéricamente son más, y viven más que los hombres, lo que en parte explica que presenten porcentajes más altos de viudedad. Económicamente son más inactivas que los hombres y presentan porcentajes más altos de exclusión de los sistemas de seguridad social.
La dimensión del capital humano hace referencia a la incapacidad de acceder a la salud y educación. Aunque la población vieja presenta bajos niveles de analfabetismo, presenta bajos niveles de escolaridad en secundaria y casi nula en universidad. Es en la educación primaria completa e incompleta donde la población vieja tiene el más alto porcentaje pero en el conjunto de toda la población, este grupo presenta los más bajos niveles de escolaridad (DANE: ENH 1996-1999) lo que se traduce en una notoria exclusión dentro del sistema educativo.
Se concluye que de los tres momentos que se dan en la construcción de la realidad social, la externalización, la objetivación y la internalización, según Berger y Luckmann (2001), en Colombia la construcción social del envejecimiento se está configurando a partir de los dos primeros. Así, la realidad se vuelve objetiva desde la exclusión y ésta se externaliza a partir de un contexto y de unas políticas de seguridad social y de atención a la población vieja, sin que el Estado y la misma población sean concientes de dicha exclusión. El tercer momento, el de la internalización de la realidad objetiva de la vejez y el envejecimiento en Colombia, está por construirse, ya que analizado el lenguaje en los medios de comunicación como el instrumento más importante en la socialización, éste no refleja un sentimiento de exclusión social. En el contexto social no se ha socializado un lenguaje que permita comprender el perfil sociológico de los adultos mayores, ni los retos o desafíos que implica una población envejecida. En el análisis del lenguaje utilizado en los medios de comunicación en el país, a través de las investigaciones realizadas por el Centro de Psicología Gerontológica en dos momentos históricos diferentes, se infiere que, en Colombia no se ha interiorizado el modelo deficitario de vejez basado en las carencias y limitaciones que proyectan las políticas de seguridad social y de atención a la población vieja, ya que en la primera investigación que realiza en 1985, el lenguaje utilizado en los medios de comunicación hace referencia a una vejez activa y de participación. En la segunda investigación, que realiza en el 2002, el vocabulario específico que se analiza en cada marco discursivo relacionado con el envejecimiento y la vejez (experiencias y relaciones; seguridad social; problemas y desafíos socioeconómicos; y salud y enfermedad), no refleja un sentimiento negativo ni de exclusión, pero sí una preocupación que aboga por la formulación de políticas de largo alcance que den respuesta a los desafíos del envejecimiento demográfico.
Se confirma la hipótesis general que en Colombia existe exclusión social porque el viejo aún no se construye como un individuo de intervención social. El que aún no haya visibilidad de personas viejas y no se hayan hecho visibles sus necesidades, se invisibilizan como actores sociales y como partícipes de las decisiones políticas del país, simplemente porque el Estado no ha interiorizado esta realidad y los temas relacionados con la vejez y el envejecimiento demográfico, aún no cobran la importancia que merecen en el contexto nacional.
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Nota RLG: Recibido en octubre 2009.
