«La ONU creó un Grupo de Trabajo Especial bajo la presidencia de Argentina para darles a los adultos mayores una Convención Internacional como la que ya protege los derechos de los niños o las mujeres.»
Levante la mano aquel que se oponga a preservar las antigüedades más preciadas de nuestra cultura, los tesoros materiales que les hablarán a las nuevas generaciones sobre quiénes somos, de dónde venimos, de qué errores hemos aprendido, de qué proezas podemos enorgullecernos.
Nadie: todos deseamos proteger los objetos más preciados de nuestra memoria colectiva y tenerlos bien presentes, incluso fuera de los muros de un museo.
¿Quién podría, entonces, levantar la misma mano para negarse a proteger los derechos de los ancianos y ancianas, tesoros también pero vivientes, personas que han protagonizado y vivido buena parte de la memoria que queremos custodiar, seres humanos que nos han dado la vida o la vida de nuestros padres? La respuesta debería ser la misma: nadie. Y sin embargo, la sociedad humana mantiene todavía un manto de invisibilidad sobre aquellos adultos mayores que paradójicamente lo han visto casi todo, en una época donde sobresalen lo “retro” y el coleccionismo.
En el mundo en desarrollo, al igual que en los países de altos ingresos, millones de personas mayores ven denegados sus derechos.
Experimentan aislamiento, pobreza, discriminación, hasta violencia y maltrato, y tienen un acceso limitado a los servicios sociales y de salud, a la información y a la protección legal.
El envejecimiento de la población es un fenómeno que carece de precedentes y que según los expertos se profundizará en el tiempo.
Durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó considerablemente y así seguirá en el siglo XXI. En 2007, el 10,7% de la población mundial tenía sesenta años o más. En 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 15,1% y en 2050 alcance el 21,7%.
La buena noticia es que muchos sectores sociales y ahora políticos, incluyendo a nuestros gobiernos, han tomado nota y pasado a la acción frente a esta falta de hecho y derecho, que aflige especialmente a los adultos mayores en situación de pobreza, con menos armas todavía para reivindicar y para hacer valer sus Derechos Humanos.
Si bien el mundo carece aún de un instrumento legal vinculante para estandarizar y proteger los derechos de estas personas, hace pocos meses la Asamblea General de la ONU creó un Grupo de Trabajo Especial, bajo la presidencia de la Argentina y con un horizonte claro: darles a los adultos mayores una Convención Internacional como la que ya protege los derechos de grupos como niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. Hace pocos días, el Grupo se constituyó y comenzó sus tareas.
La discriminación por razones de edad, la negligencia, el abuso y la violencia contra los adultos mayores representan en la actualidad algunas de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y, como hace notar la ONU, la situación se ve agravada por el fenómeno adicional de “invisibilidad” de la población con más de 60, 70 u 80 años, personas que van quedando fuera de la dinámica económica y social, especialmente cuando viven en instituciones geriátricas.
Como ocurrió anteriormente con esos grupos, una Convención Internacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores no sólo podrá poner a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, sino que además creará un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado donde fuere.
Actualmente, sólo dos convenciones sobre Derechos Humanos tienen una referencia explícita a cuestiones de edad, la de Trabajadores Migrantes y sus Familias y la de Personas con Discapacidad, mucho más reciente. Los Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales carecen de referencia alguna a los adultos mayores.
En su primer período de sesiones, el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Mayores Adultos de la ONU, presidido por nuestro país, comenzó un análisis del marco vigente de los Derechos Humanos de los adultos mayores y para la detección de las deficiencias existentes a nivel internacional, con la participación de los 192 países miembros, expertos de Naciones Unidas sobre derecho internacional, desarrollo y seguridad social, y de organizaciones sociales de todo el mundo.
Es un primer paso, pero firme y decidido de muchos gobiernos, para devolver a todos los adultos mayores sin excepción el lugar que por derecho les corresponde, en el centro de nuestra vida social y comunitaria, bien en el centro, bien visibles y con sus derechos protegidos
(Este artículo fue publicado en el diario Tiempo Argentino)
*Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
Newsletter Embajada Abierta en Naciones Unidas (Argentina) 26/7/2011