Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones Unidas y Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH subrayaron que la fragilidad del entorno del derecho a la salud en Venezuela afecta de manera diferenciada a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores, por sus necesidades especiales y la baja calidad de la atención, lo que perjudica su salud física y mental.
Ambos expertos indicaron que las personas adultas mayores se han visto especialmente afectadas por la situación de crisis del sistema de salud. Fuentes confiables han transmitido a la CIDH que, entre enero y julio de 2018, persiste una escasez de medicamentos para la diabetes insulinodependiente y para la hipertensión, principales causas de morbilidad de las personas mayores; la fluctuación según las mediciones realizadas va entre el 89.8% y 78.4% para la primera enfermedad, y 89.5% y 74.2%, para la segunda. Estas cifras se incrementan respecto de infecciones respiratorias agudas y diarrea con picos máximos de hasta 97.2% y 92.4%, respectivamente. Incluso se han registrado denuncias sobre la muerte de personas mayores por la falta de acceso a medicamentos y por hechos de violencia provocados por la situación general que atraviesa el país.
Durante los últimos años, la infraestructura sanitaria en Venezuela ha presentado graves dificultades para atender a la población, no sólo por el desabasto general de insumos médicos y medicamentos, sino por la falta de personal médico.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Médicos y Estudiantes de Medicina de 2017 más del 40% del total de estos profesionales graduados en la última década decidieron migrar a otros países; y de los que aún se encuentran en el país, 75% tiene intención de emigrar por las condiciones precarias que existen para el desarrollo de las y los profesionales de la salud. Los centros de atención, ya sean temporales o permanentes, para personas mayores tampoco serían suficientes, ni garantizarían las condiciones adecuadas de atención. Según denuncias públicas, el mayor problema de dichas instituciones de acogida es la falta de presupuesto y de abastecimiento regular de alimentos y medicinas, viéndose obligadas en muchos casos a tener que cerrar sus instalaciones o no recibir más personas.
También es de especial preocupación la pérdida de peso que aqueja a este grupo etario en Venezuela, quienes, según investigaciones confiables en la localidad de Miranda, perdieron 1.3 kilogramos mensualmente durante 2017, lo que deterioró su salud y los niveles adecuados de nutrición. Asimismo, muchas personas mayores se quedan solas, sin soporte emocional y económico, ya que sus familiares se ven forzados a emigrar del país, como una estrategia de supervivencia.
Ante esta situación ambos Relatores Especiales recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “las personas mayores enfrentan frecuentemente abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia, y existen muchos obstáculos en el ejercicio de sus derechos humanos”. Asimismo, el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que las personas mayores “deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”1 y que “la política sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas [deberá] comprende[r] una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación, hasta la asistencia a los enfermos terminales”2 . Por su parte, Francisco Eguiguren, Relator para Venezuela, y Flávia Piovesan, Comisionada encargada de la Unidad sobre Derechos de las Personas Mayores, ambos de la CIDH, respaldaron lo expresado por los Relatores Especiales y llamaron al Estado a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la salud de las personas mayores, sobre la base de la igualdad y la no discriminación.
Teniendo en cuenta lo anterior, los Relatores Especiales exhortan al Estado a garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, de las personas mayores en Venezuela, movilizando los recursos necesarios y disponibles para ello, incluyendo los de la cooperación internacional. Finalmente, recuerdan que el pasado mes de agosto enviaron al Estado venezolano una solicitud para que autorice una visita conjunta con objeto de observar in situ los retos y avances en la realización del derecho a la salud; a la fecha, ambos expertos se mantienen a la atenta espera de recibir una respuesta a la misma. En este contexto los Relatores Especiales reiteran su máximo interés de visitar el país y ofrecen su asistencia técnica al Estado para la protección del derecho a la salud.
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1/ Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación general Nº 6 sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, par. 32.
2/ Ibid par. 34.
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23666&LangID=S