El Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología (CIETSGe) de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, coordinado por la profesora de carrera, Graciela Casas Torres, presentó el Informe de Actividades Internacionales a Favor de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual describe las acciones realizadas en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) durante 2018.
Resultado de esta alianza, la licenciada Ángeles Fuentes Vera, integrante del Comité de Derechos Humanos Ajusco, explicó el proceso de formación del Comité Intersectorial México por los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Al respecto, la maestra Casas Torres se refirió a la participación que tuvieron en las reuniones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tanto en Paraguay como en Costa Rica.
Destacó el pronunciamiento que se llevó a Asunción para que el gobierno de México se adhiera a la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDHPM), al que se sumaron más de 100 participantes de diversos países de Latinoamérica.
En este sentido, subrayó la participación de las OSC en la discusión y toma de acuerdos para la Declaración de Ypacaraí, lo que derivó ya en un acercamiento con autoridades mexicanas, en particular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para promover la firma de la Convención.
La licenciada Carmen Rangel Cárdenas, también representante de la sociedad civil organizada, compartió aspectos de la participación del Comité en el 168 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuada en Santo Domingo, República Dominicana, donde se analizó el acceso a la justicia, la discriminación, la precarización del empleo de las personas mayores y la ausencia de una política de envejecimiento saludable, entre otros temas.
Al comentar la intervención que el Comité tuvo en la Organización de las Naciones Unidas, Patricia Rebolledo destacó los planteamientos que se hicieron en torno a los problemas que enfrentan las personas mayores al solicitar servicios de salud en nuestro país.
En tanto, la licenciada Jovita Osornio, de la Fundación Tagle, se refirió a la conformación de la Red de Adultos Mayores (REDAM), que agrupa a 41 OSC, la academia y organismos públicos de México.
El evento se llevo a cabo en el auditorio 8 de marzo de 1857 de la ENTS y contó con la participación de la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela; el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; el licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la doctora Sandra Huenchuan Navarro, experta en envejecimiento de la CEPAL; la maestra Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, asesora de la directora General del Instituto Nacional para la Atención de las Personas Mayores (INAPAM); la licenciada Rocío Quintana Rivera, directora de Agendas en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría (INGer).
El senador Batres reconoció que la transición demográfica que enfrenta el país tendrá serías implicaciones sociales, por lo que es urgente incluir la perspectiva de derechos humanos con relación a las personas mayores.
La implementación de la pensión universal para este sector etario, dijo, permitirá abrir el debate para incorporar otras políticas públicas, como el derecho a la movilidad, la accesibilidad y los cuidados.
Enfático, subrayó la trascendencia de que academia y sociedad civil insistan en que México ratifique la CIDHPM, a fin de garantizar los derechos de quienes sirvieron y contribuyeron durante toda su vida al desarrollo nacional.
En otro orden de ideas, recordó que en días pasados se presentó una iniciativa de ley con el propósito de que los profesionales en Trabajo Social estén presentes en todos los niveles de educación básica en el país.
El licenciado Narro Lobo celebró que desde el Senado de la Republica exista un reconocimiento a las tareas pendientes con las personas mayores, al tiempo que reconoció la importancia de trabajar de manera conjunta.
Indicó que la CNDH se ha empeñado en construir una agenda pública que no sólo atienda la problemática económica de ese segmento poblacional, sino que contemple su inclusión social y visibilice sus necesidades, tareas en las que destacó el trabajo realizado con el CIESTGe.
La doctora Huenchuan indicó que la ratificación de la CIDHPM requiere más voluntad política que apoyo presupuestal. En este sentido, puso como ejemplo el caso de países con economías emergentes como Costa Rica, Chile, Bolivia y El Salvador, que ya lo hicieron.
Ana Luisa Gamble Sánchez, en representación de Elsa Veytes Arévalo, directora del INAPAM, afirmó que en una reunión de gabinete celebrada en diciembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a las dependencias involucradas firmar la Convención.
A nombre de la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, Rocío Quintana Rivera, directora de Agendas de dicho organismo, señaló que desde el 2011, fecha en que se formó el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se ha trabajado de manera conjunta con las OSC y la academia, particularmente con la ENTS.
Por su parte, el doctor Gutiérrez Robledo, director del INGer, dijo que la institución a su cargo contribuye con la generación de indicadores alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda 2030. Al respecto, anunció que ya está listo el proyecto para el 2020 La década por el envejecimiento saludable, iniciativa global encabezada por la Organización Mundial de la Salud, donde participa el instituto.
Por su parte, la maestra Cano Soriano, directora de la ENTS, agradeció el trabajo de instituciones públicas, instancias autónomas y organizaciones de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores.
Tras destacar la importancia que tiene Trabajo Social para la transformación social del país, reconoció que el reto es enorme, pero afirmó que, por fortuna, se cuenta con aliados desde la sociedad y las instancias de gobierno para la realización de esta tarea.
Los asistentes coincidieron en que la reducción de capacidades físicas y biológicas en las personas mayores no significa una pérdida de su derecho a la autonomía, la independencia y, por lo tanto, a su capacidad de decisión.
Fuente: UNAM Global - 29/04/2019.
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=63606