La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reiteró que en los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores persiste la falta de medidas de prevención y de atención frente a la COVID-19, lo que implica una vulneración de derechos de este grupo poblacional.
Detalló que en Trinidad, en el centro de acogida Sagrado Corazón de Jesús, fallecieron 12 personas adultas mayores, de las cuales, cinco accedieron y reportaron la prueba positiva de COVID-19, a siete personas no se les realizó la prueba y dos están con síntomas a la fecha.
Añadió que en Potosí, en el centro de acogida San Roque, fallecieron 13 personas adultas mayores, de las cuales, dos dieron positivas en la prueba de COVID–19, un negativo, 10 fueron enterrados con sospecha de portar el virus y se registran 44 casos positivos. En El Alto, en el centro Casa San Martín, fallecieron dos personas adultas mayores y se les tomó la prueba de COVID-19 a 23.
En Santa Cruz, en el centro de Acogida Dios nos Ilumina, fallecieron nueve personas adultas mayores las mismas fueron enterradas con sospecha de coronavirus y 12 dieron positivos a la prueba.
La Defensora recordó que el 18 de mayo emitió la Resolución Defensorial N° DP/AVEDH/04/2020, que aprueba el Informe Defensorial de “Vulneración de Derechos en Centros de Acogida de Larga Estadía para Personas Adultas Mayores durante la cuarenta declarada por el COVID – 19”, en el que se identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida de larga estadía.
El documento señala que estas personas enfrentaban limitaciones para acceder a mecanismos de bioseguridad, alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, y que debido a la cuarentena dispuesta por el Gobierno se les dificultó el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.
Con esa Resolución Defensorial, se recomendó la dotación inmediata de equipos de bioseguridad, brindar capacitaciones actualizadas sobre medidas de bioseguridad a través de información escrita y on-line, y formular, concertar y ejecutar acciones específicas durante la cuarentena con las entidades territoriales autónomas para la defensa, protección y promoción de los derechos de estas personas.
La Defensora recordó, asimismo, que mediante un comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 23 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad las personas adultas mayores, la cual se ha visto seriamente agravada por el COVID-19, debido a un nivel de riesgo mayor por su susceptibilidad al contagio. Esta entidad urgió a los Estados a priorizarles el acceso a las pruebas de COVID-19, brindarles una protección reforzada y sin discriminación, y garantizarles el derecho a brindar consentimiento previo, pleno, libre e informado en cuanto a los tratamientos y medicamentos que reciban.
Fuente: Defensoría del Pueblo – 25/06/2020
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