En el país habitan unas 900 mil personas de 60 años o más, de quienes el 58 % son analfabetas y 38% trabajan a los 70 años en el sector informal por lo que no tienen acceso a ninguna prestación de ley, según indica la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2012 – 2016.
Destaca que en el área urbano vive el 37% y en el área rural el 67.3%. En el rango de género el 51% son mujeres y el 49%, hombres. Solo el 12% tienen acceso a una pensión o jubilación que, en la mayoría de los casos, es reducida e insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad (Decreto No. 80-96) promulga la tutela de los intereses de este sector de población, siendo el Estado el obligado a garantizar y promover sus derechos. Sin embargo tal Ley y sus mandatos no se han dado a conocer por las entidades responsables a los actores sociales; tampoco se cumple, desde el mismo Estado ya que este no asume su compromiso de asegurar la eliminación de la discriminación de la cual son objeto y brindarles una vida digna.
Afecta también la polinización del Programa del Aporte Económico que funciona en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la invisibilización de los adultos mayores en política de desarrollo social, el colapso de planes alternativos de pensiones y la carencia de presupuesto propio para el Comité Nacional de Protección a la Vejez.
La discriminación por razones de edad, el abandono y la violencia que afecta a esta población. Se destacó la importancia de favorecer el empoderamiento de las personas mayores para la defensa y promoción de sus derechos y su participación en el desarrollo, la falta de oportunidades para generar empleo o capacitaciones para que este sector pueda reinsertarse en el campo laboral.
El abuso que siguen cometiendo los pilotos y ayudantes del servicio del trasporte, los que se dan en el trato y atención por parte de las autoridades y personal que labora en la red nacional de salud pública (IGSS, hospitales nacionales, centros y puestos de salud), el hecho de que el Programa del Aporte Económico no tiene la capacidad para atender a la totalidad de adultos mayores sin cobertura social, aunado a casos en que se beneficia a personas recomendadas.
Se destacó que la indigencia sigue siendo un problema sin resolver, aumentando cada día el número de personas que deambulan y pernoctan en las calles. Dada la situación que viven los adultos mayores en Guatemala, se consideró la importancia de trabajar sobre los temas.
Fuente: Procudaduría de los Derechos Humanos de Guatemala – 8/3/2012.
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