El derecho de las personas adultas mayores a viviendas seguras y amigables
El Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) incluye como una de sus prioridades la creación de entornos –físicos y sociales- accesibles y favorables, los cuales permitan la plena inclusión y participación de la creciente proporción de personas adultas mayores en la sociedad. Y al aludir a vivienda y condiciones de vida, señala la importancia de una vivienda satisfactoria, para el mantenimiento de la salud y el bienestar.
Es evidente que las condiciones físicas y sociales en las cuales se vive pueden favorecer o vulnerar la calidad de vida y el bienestar integral de las personas. La vulnerabilidad no tiene por qué estar asociada necesariamente a la vejez, sino que es, en gran parte, producto de condiciones físicas y sociales en las cuales se ha vivido y se vive. Gran parte de situaciones de vulnerabilidad a la que, de manera estereotipada y equivocada, se asocia la ‘edad’, tienen que ver, en realidad, con condiciones estructurales de pobreza y exclusión que configuran contextos inapropiados, precarios y maltratantes para las personas en la vejez.
La falta de vivienda accesible, habitable, segura, cómoda y satisfactoria constituye uno de aquellos condicionantes que contribuyen a hacer vulnerables a las personas mayores, en la medida que limita su funcionalidad y las expone –más que a otros grupos etarios-, a sufrir accidentes de mayor o menor gravedad, inclusive muchas veces a accidentes de carácter fatal.
Al respecto, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud da cuenta que las tasas más altas de mortalidad producto de caídas, afectan precisamente a personas adultas mayores. A las lesiones y muertes por caídas habría que agregar la cada vez más frecuente muerte de personas mayores por incendios y otras situaciones catastróficas. Igualmente la insuficiencia de ingresos que afecta a gran parte de las personas adultas mayores en nuestros países, hace muchas veces imposible que éstas, aún siendo propietarias de vivienda, puedan destinar recursos para un adecuado mantenimiento de las mismas, de modo que les sea posible asegurar condiciones básicas para su movilidad, seguridad, comodidad y satisfacción vital.
Es preciso, en consecuencia, contribuir a hacer conciencia acerca de los riesgos y accidentes que pueden acaecer dentro de la vivienda y a los cuales están expuestas sobre todo las personas más envejecidas. La ausencia de políticas destinadas a proteger el derecho de las personas adultas mayores a contar con viviendas seguras y adecuadas a sus necesidades, constituye un tema urgente de tener en cuenta. Situaciones tales como caídas, discapacidades y muertes por accidentes caseros no son temas esporádicos y de poca importancia, sino cada vez más relevantes y urgentes de incluir en políticas públicas que sean realmente de carácter universal y vinculante.
Ximena Romero – Coordinadora RLG
Christel Wasiek – Asesora RLG
Septiembre 2010.