Con el rechazo al veto presidencial por parte del Senado la ley quedó promulgada.
La Cámara de Senadores rechazó por una gran mayoría el veto presidencial sobre el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores de 65 años de edad y en situación de pobreza.
De los 42 senadores presentes en momentos del tratamiento, se abstuvieron los liberales Fernando Silva Facetti, Blanca Fonseca, Amancio López y Ramón Gómez Verlangieri, en tanto los 38 restantes votaron por el rechazo al veto.
De esta forma, la ley quedó sancionada y ya entrará en vigencia desde el próximo año, beneficiando a más de 42.000 personas, y significará una erogación anual de 415 mil millones de guaraníes. El monto estimado que percibirán los beneficiados es de unos 350 mil guaraníes mensuales.
El Poder Ejecutivo había objetado en forma total el mencionado proyecto sancionado por el Congreso, argumentando que el Ministerio de Hacienda no contaba con los recursos económicos para llevar adelante los pagos.
Según el Ejecutivo, en el proyecto no se consideraron las fuentes de financiamiento, y esto obligaría al Gobierno a realizar cortes importantes de gastos en áreas ya priorizadas. Sostienen además que se pone en riesgo el cumplimiento de los planes y compromisos asumidos con la ciudadanía.
OFICIALISTAS
La postura de algunos legisladores oficialistas varió en esta oportunidad, como el caso de Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón, quienes votaron por el rechazo al veto del Poder Ejecutivo. Según expresaron, se debió a que la ley sufrió algunas modificaciones, por lo que decidieron emitir su voto contra el rechazo presidencial. Por otro lado, mencionaron que una vez concretado el acuerdo entre Brasil y Paraguay, sobre la soberanía energética de Itaipú, el Gobierno contará con más recursos económicos.
En el artículo 1 del mencionado proyecto de ley, establece una pensión mensual no inferior a una cuarta parte del salario mínimo, para todo paraguayo natural, mayor de 65 años de edad, en situación de pobreza.
La ley que regirá desde el próximo año, también especifica que el Estado asignará en su presupuesto anual, los recursos necesarios para garantizar el pago de la pensión. Asimismo, señala que no podrán acogerse a los beneficios de la ley, las personas que tengan deuda pendiente con el Estado, como así también los que reciben remuneración del sector público o privado.
REACCIÓN:
“Pedimos ayuda al Congreso”
– Dionisio Borda, Ministro de Hacienda
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, tras conocer el rechazo al veto del Poder Ejecutivo, de la pensión para adultos mayores, señaló que entienden la necesidad de la gente, pero sí les preocupa la inexistencia de recursos para hacer frente a este compromiso, como al mismo tiempo, el de tener el mecanismo idóneo para identificar y entregar estos subsidios.
“Pedimos al Congreso que, para el año próximo, nos ayuden a identificar y proponer nuevas fuentes de ingresos para hacer frente a estos nuevos compromisos que el Estado asume”, expresó. La estimación de costo por esta pensión para el Tesoro asciende a unos 420 mil millones de guaraníes por año, pero aún falta la reglamentación del tema, así como la entidad que podrá realizar el pago.
La Nación (Paraguay) 7/8/2009.
http://www.lanacion.com.py/noticias-260819.htm