Editorial RLG N° 111 de Abril de 2009

La crisis económica hace más urgente el derecho a una pensión básica para las personas adultas mayores

Vemos con profunda preocupación los peligros que se ciernen en nuestros países, sobre lo ganado y por ganar en materia de seguridad y protección social para las personas adultas mayores.  La crisis económica mundial en curso no debe en ningún caso significar un cuestionamiento sobre el derecho que asiste a las personas adultas mayores de contar con seguridad y protección social.  Bajo ninguna circunstancia la crisis económica debe constituir argumento para postergar o renunciar a la legitimidad y urgencia de tales derechos. 

A medida que efectos de la crisis comienzan a hacerse sentir en las familias latinoamericanas –aumento de la cesantía, caída de las remesas y retorno desde Estados Unidos y Europa (España principalmente) de migrantes latinoamericanos- la situación de las personas adultas mayores se hará más crítica, por lo cual cobra aún mayor vigencia  la necesidad de políticas que les garanticen condiciones mínimas de vida digna.

El Programa Regional de Caritas en América Latina y el Caribe a favor de las personas adultas mayores (PRAM), del cual forma parte la Red Latinoamericana de Gerontología, ha trabajado resueltamente, desde su creación en el año 2004, por aunar esfuerzos desde el ámbito de la sociedad civil, para contribuir a establecer el desarrollo de sistemas de seguridad social efectivos como tema prioritario en la agenda social y política de nuestros países.  Sistemas de seguridad social que  tengan en cuenta el proceso de envejecimiento poblacional y la necesidad de  asegurar el ejercicio del derecho de las personas adultas mayores – especialmente de mujeres viejas  que en un alto porcentaje viven en condiciones de extrema pobreza- a contar con una pensión no contributiva, que les garanticen ingresos básicos estables y permanentes de modo que puedan disfrutar de condiciones de bienestar.

Tanto la prevención, como la superación de la pobreza en la vejez, constituyen aspectos críticos que los gobiernos latinoamericanos tienen la obligación de asumir como asunto prioritario, porque la pobreza en la vejez repercute en las posibilidades de desarrollo integral y sostenible de nuestros países. 

Es nuestro deber, como sociedad civil, redoblar esfuerzos para recordar  a los gobiernos latinoamericanos que no será posible avanzar en la  reducción de la extrema pobreza, tal como lo señala el compromiso de avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin tener en cuenta la alta proporción de personas adultas mayores que hoy viven privadas de  derechos fundamentales.

Los recursos invertidos con tal fin, lejos de ser un gasto, constituyen una poderosa inversión que deben emprender cuanto antes nuestros gobiernos para avanzar en forma efectiva hacia la superación de la pobreza.

Ximena Romero – Coordinadora RLG

Christel Wasiek – Asesora de la RLG

1 de Abril de 2009.