La Mesa de las Personas Adultas mayores, en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Secretaría de Inclusión Social, emitió este miércoles una pieza de correspondencia, en la Asamblea Legislativa, que busca reformar el marco jurídico salvadoreño a favor de este sector de la población.
Entre las propuestas presentadas para reformar dicho marco se encuentra la creación de un equipo de trabajo, que esté conformado por asesores técnicos de los grupos parlamentarios y representantes de las organizaciones de la mesa, para abonar al análisis y la discusión del Proyecto de Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.
“Nosotros creemos que también merecemos la creación de un instituto que dé presupuesto, proyectos y programas en beneficio a los adultos mayores. Demandamos oportunidades de educación, formación y empleo acorde a nuestras habilidades y destrezas. Además, creemos que es importante la ampliación o mejoramiento de la pensión básica universal”, expresó Yolanda Fabián, representante de la Mesa de la Persona Adulta Mayor.
Según Jennifer Soundy, directora de este sector en la Secretaría de Inclusión Social, en el 2007 las personas adultas mayores representaban el 9% en el país, pasando ahora al 12%. Actualmente son alrededor de 650 mil adultos mayores (la cifra varía en consensos). Se espera que en diez años esta población sea del 20%, 2 de cada 10 personas, en una situación en donde el 80% no tienen acceso a una pensión contributiva.
“En este país, según el censo de población y familia del 2007, existimos alrededor de más de 500 mil adultos mayores, de los cuales alrededor de 160 mil reciben pensión de parte del Seguro Social, del INPEP o de las AFP. Hay una buena proporción de adultos mayores al descubierto que trabajaron en el sector informal y no pudieron acumular dinero como para tener una pensión”, agregó Yolanda Fabián.
Los representantes de la Mesa de la Persona Adulta Mayor manifestaron que con dichas sanciones esperan que el Gobierno actual destine un presupuesto para que se puedan desarrollar planes y programas que beneficien a este sector.
“Creemos que esta petición es válida y justa. Tenemos que empezar a entender que así como hemos hecho un gran avance en materia de género, también tenemos que hacer un avance como sociedad para poder eliminar las barreras que implican discriminación, marginación y exclusión de la persona adulta mayor en El Salvador”, Jennifer Soundy, directora de la Persona Adulta Mayor de la Secretaría de Inclusión Social.
Por su parte, Raquel Carballo, titular de la PDDH, también respaldó su apoyo ante estas iniciativas. Así mismo, la procuradora instó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior a que agilice el estudio de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores para que sea sometida a ratificación cuanto antes en el pleno legislativo.
Fuente: Voces – 18/05/2017.
http://voces.org.sv/2017/05/18/solicitan-reformar-marco-juridico-a-favor-de-las-personas-adultas-mayores/