13/3/2008.
Los recursos públicos destinados a la atención de las personas mayores de 60 años son «notoriamente insuficientes», la ley en la materia ha quedado en un compendio de buenas intenciones y se carece de una cultura de respeto a los derechos elementales de este sector de la población, el cual crece rápidamente, se advirtió ayer en el seminario Derechos sociales y grupos vulnerables, en el que participaron funcionarios del gobierno federal, especialistas, legisladores y miembros de organizaciones civiles.
La directora de Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Adriana González Furlong, subrayó que las decisiones, normas legales y aplicación de políticas públicas no deben ser actos aislados, sino interconectados con la iniciativa y participación de la sociedad en su conjunto, pues el cambio en la pirámide poblacional implica enormes retos para el país.
Hace dos décadas había 2.6 millones de mexicanos mayores de 60 años, que representaban 5.3 por ciento de la población; ahora son 8.5 millones (8 por ciento del total), pero en 2030 serán 21 millones, y en 2050 uno de cada tres mexicanos estará en esa condición, «con todo lo que eso implica» para atender crecientes necesidades en materia de salud, vivienda, recreación, pensiones, educación y aspectos laborales.
Durante el seminario, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se expuso que el país debe abordar con prontitud el tema del envejecimiento de la sociedad. «El tiempo nos está alcanzando, por lo que urge generar conciencia e interés para diseñar políticas públicas que nos ayuden a afrontar este reto.»
González Furlong señaló que el Inapam se encuentra en un momento de transición entre la concepción de atender la problemática desde el «enfoque de pobreza», donde se pone la mirada en la población más vulnerable, privada de ingresos y pasiva para recibir la ayuda, a uno «de derechos», en el que esta población es «sujetos activos de su propio desarrollo, donde la vejez es una etapa de la vida que se debe vivir con calidad».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, el panista Guillermo Tamborrel Suárez, se refirió a la ley sobre adultos mayores como un «compendio de buenos deseos» que no se cumplen, además de que en los casos de abierta discriminación la sanción no pasa de una amonestación administrativa. «Es muy bonito lo que ahí está plasmado, pero la ley es imperfecta», dijo.
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Ver en pdf intervención de la Directora General de INAPAM, Lic. Adriana González.