Iuris México
(iurismexico.com.mx)
17/ Julio/ 2008.
México, D.F., Asamblea Legislativa del D.F
Al analizar la iniciativa para otorgar la Pensión Universal a los Adultos Mayores a partir de los 65 años y no a los 70 años, diputados y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sede México, indicaron que la discriminación social contra las mujeres es histórica, situación que se incrementa en la población adulta mayor.
Los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Hipólito Bravo López, informaron que en el Distrito Federal existen 860 mil adultos mayores de 60 años, de los cuales 58 por ciento son mujeres, que no sólo sufren de discriminación por razones de género, sino también por pertenecer a la población de la tercera edad y padecen enfermedades crónico-degenerativas, discapacidad, abandono familiar y falta de ingresos para un mínimo de manutención.
La iniciativa, presentada por la diputada Laura Piña Olmedo, revela que la proyección a futuro es de casi un millón de adultos mayores que no contarán con una pensión suficiente, lo que se torna más complejo si se toma en consideración que 48 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México no dispone de los servicios de salud de instituciones públicas.
El documento explica que uno de los elementos para impulsar la disminución de la edad marcada en la Ley de Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años es que sólo dos de cada 10 mexicanos mayores de 65 años tienen acceso a una pensión y la pobreza se acentúa en este sector que por décadas ha quedado excluido de las políticas sociales.
En su intervención, el diputado Hipólito Bravo López sostuvo que con el actual ordenamiento se beneficia a personas mayores de 70 años, lo que implica una erogación de 4 mil millones de pesos, recursos que necesariamente deberán incrementarse en 2 mil millones de pesos más en caso de reducir la edad de beneficiarios. De ahí que preguntó a la responsable del Departamento de Desarrollo Social de la CEPAL, Anna Coates, la factibilidad de realizar un estudio conjunto entre esa instancia y la Asamblea Legislativa sobre los costos y beneficios que significa reformar la ley.
En tanto, el diputado Sergio Ávila Rojas se pronunció por analizar el efecto de la reforma al interior de las familias, en caso de recibir la pensión universal un adulto mayor; en tanto, el legislador Balfre Vargas Cortez sostuvo que es necesario revertir la tendencia de considerar como una carga las políticas públicas y lograr una distribución equitativa de la riqueza. No obstante, señaló que no se debe abusar de programas sociales sin antes consolidar las bases legales y económicas.
La diputada Laura Piña Olmedo comentó que la mayoría de las mujeres de la tercera edad quedan en el abandono, sin protección económica, debido a que en el pasado desarrollaron labores rudas sin seguridad social y ahora viven sin la posibilidad de acceder a una pensión.
En tanto, la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sede México, Anna Coates, indicó que para disminuir la edad de beneficiarios es necesario revisar los mecanismos de recaudación que garanticen el financiamiento de la pensión universal y se comprometió a analizar la posibilidad de realizar un estudio conjunto sobre la viabilidad de reformar la ley en la materia, pues ello implicaría reducir el gasto en otros rubros.
Al señalar que la discriminación en contra de las mujeres de la tercera edad es preocupante, la representante de CEPAL apoyo la propuesta de impulsar programas de capacitación para adultos mayores activos, que les permita ocupar sus capacidades en distintas actividades y otorgar las pensiones independientemente de si la persona de la tercera edad cuenta con seguridad social y alguna pensión, pues cualquier incremento en los ingresos familiares es importante para mejorar o mantener la calidad de vida de sus integrantes.