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Estudio revela que un 64.5% de la población chilena estarÃa dispuesta a pagar impuestos a favor de los adultos mayores
La investigación realizada por el Observatorio de la Vejez y el Envejecimiento y el Programa Pulso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, revela que un la mayoría de los chilenos estaría dispuesto a pagar impuestos a favor de los adultos mayores, y que el Gobierno o "los políticos" debieran hacerse cargo de los ancianos.
Universidad de Chile
Universia (Chile)
13/1/2008.
Aplicado a una muestra de 1200 casos, representativa del 99% de la población de nuestro país, mayor de 18 años, de ambos sexos y que habita la I y la XV regiones, urbana y rural del Chile Continental, este trabajo se inserta en el marco del Proyecto “Inclusión y Exclusión Social del Adulto Mayor en Chile” del Programa PULSO de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con el Apoyo de Conicyt y el Fondo de Población de Naciones Unidas, la investigación fue dirigida por el Dr. Marcelo Arnold Cathalifaud, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la académica Anahí Urquiza y la psicóloga Daniela Thumala.
Con una población de 16.3 millones de habitantes, Chile se encuentra en un importante proceso de cambio demográfico: el país envejece aceleradamente y se destaca con ellos dentro del contexto latinoamericano. La fecundidad ha disminuido y está llegando a un nivel por debajo del de reemplazo (Bravo, J. & Bertranou, F. 2006). Se observan menores tasas de mortalidad y – de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas- la esperanza de vida en nuestro país, alcanza hoy alrededor de los 78 años, lo que representa un incremento de más de 20 años en las últimas cinco décadas. En el año 2005 las personas mayores de 65 años constituían el 7,93% de la población y en el 2050 se estima que llegarán al 21,59% (Aguilera, 2005). Actualmente, los adultos mayores de sesenta años suman un total de 1.717.478 personas. Si consideramos las proyecciones mencionadas, la población mayor estaría, en un breve tiempo, ocupando un espacio relevante en la estructura de nuestra sociedad desplazando a la cohorte de los menores de quince años.
Consciente de que el panorama sociodemográfico de nuestro país está cambiando rápidamente, PULSO de destaca por advertir esta realidad e investigar sobre ella, con el fin de fomentar el conocimiento acerca de los adultos mayores y colaborar en el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de estos y de esta nueva “realidad país”. Pues aunque el aumento de la esperanza de vida podría ser éxito de nuestro desarrollo, a la vez puede ser percibido como una catástrofe para los sistemas económicos, de salud, de vivienda y un riesgo para los propios adultos mayores y sus familias.
Es interesante ver entonces, que aunque Chile avanza rápidamente hacia un envejecimiento de la población, solo un 6% de la población encuestada por el Programa Pulso, dice sentir que el país está muy preparado para enfrentar esta realidad, y apenas un 8% responde que ellos mismo lo están. Al contrario un 40% responde que el país está “algo” preparado y un 33% plantea que “poco”. Al mismo tiempo el 35% dice estar “nada” preparado para enfrentar su propia vejez y “algo” solamente un 25%. En este sentido, esta investigación constata que en Chile existe una percepción generalizada de que no nos estamos preparando para esa realidad.
Es común que la condición de vejez se exprese bajo múltiples formas de exclusión, que van desde el monto de las pensiones y coberturas de salud; el acceso a tecnología y esparcimiento; la disponibilidad de transporte y seguridad; la pérdida y vacío de roles; el significado de vivir la vida o la posibilidad de una muerte digna. Limitaciones que se potencian con la situación de pobreza y marginalidad, género y viudez, fragilidad familiar y soledad, ruralidad y pertenencia étnica.
Ante el panorama anteriormente descrito, la encuesta consultó sobre la disposición a pagar un impuesto específico que garantizase la cobertura de los servicios que requieren los adultos mayores. Los resultados arrojaron que 64% estaría dispuesto a hacerlo y solamente un 35% se muestra reticente, lo que demuestra la existencia de una disposición favorable a asumir los costos del bienestar de los adultos mayores.
Los nuevos adultos mayores son cada vez más educados, organizados, informados, saludables, viven mayoritariamente en grandes ciudades y tienen más influencia económica y política que sus predecesores (MIDEPLAN, 2003). Sin embargo, los estereotipos aún persisten en ser más bien negativos. Para un 68% de los encuestados, los adultos mayores no pueden valerse por sí mismos, y sólo un 36% indica que pueden hacerlo, lo que refleja una imagen generalizada de los adultos mayores como dependientes.
Con mejores niveles de satisfacción vital, los adultos mayores solicitarán servicios que respondan de manera más efectiva a las necesidades por mantener su bienestar, dignidad e independencia. Estas demandas que tradicionalmente se satisfacían en sus núcleos sociales, como la familia, con el proceso de modernización se dirigirán progresivamente hacia organizaciones y especialistas. Ya es posible observar una mayor proporción de personas mayores que viven y envejecen solas.
Habitualmente las familias, especialmente las mujeres de ellas, operan en la primera línea de protección de los adultos mayores. Sin embargo, la continuidad de estas prácticas es improbable, especialmente si se atiende al hecho que el tamaño de las familias ha disminuido, sus estructuras han cambiado, los parientes se dispersan y la vida moderna acentúa valores individualistas y el desapego social (Arnold, Thumala & Urquiza, 2006). Esto, vuelve pertinente la pregunta de quién se hace cargo de los adultos mayores: ¿sus familias, el estado, ellos mimos?
A este respecto, un 56% de los encuestados opina que son “los políticos” quienes tienen la responsabilidad de preocuparse por el bienestar de los adultos mayores; un 35% considera que es “la familia” y solamente un 9% la extiende esa responsabilidad a “los propios adultos mayores”. Esto refleja que se asume al sistema político como responsable de abordar el problema del envejecimiento poblacional.